El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas, así como con Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, para informarles de los últimos ajustes introducidos por el Gobierno, tras las bilaterales con la Comisión Europea, en el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, y que dan respuesta a las observaciones remitidas por la Comisión el pasado 30 de marzo.

Según ha precisado, la intención del ministerio es que el PEPAC español esté finalizado y enviado a la Comisión Europea a partir de la segunda quincena de julio, para que pueda ser revisado y aprobado de manera definitiva en septiembre, en los plazos previstos por el Gobierno español.

Entre las modificaciones introducidas, el secretario general ha indicado que, dado que la Comisión Europea no ha considerado la inclusión de girasol y colza en el plan proteico, la propuesta española es destinar los 45 millones previstos para estos cultivos a incrementar la ayuda básica a la renta de las regiones donde se producen.

Asimismo, Miranda ha apuntado que las ayudas asociadas al olivar con dificultades específicas van a contar con un presupuesto de 27.594.584 euros, para una superficie potencial de 856.412 hectáreas.

De igual forma, el secretario general ha detallado la propuesta española para verificar si las comunidades de bienes y otras entidades en régimen de atribución de rentas pueden ser consideradas como agricultor activo. Para ello, si un comunero está dado de alta en la seguridad social agraria o cumple el criterio de que el 25 % de sus ingresos individuales procedan de la agricultura, la Comunidad de Bienes será un agricultor activo.

Por otra parte, el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, ha explicado las medidas extraordinarias aprobadas el pasado sábado en Consejo de Ministros para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania en el sector agrario.

Entre las medidas específicas para el sector está la subvención para la contratación del seguro agrario, que se incrementa en 60 millones de euros, con lo que el presupuesto final para 2022 asciende a 317,7 millones de euros, el 23,2 % más frente a lo presupuestado inicialmente para el año en curso.

También se amplían las ayudas convocadas este año para financiar al sector agroalimentario y pesquero, que cuenta con otros 12 millones de euros, de forma que el importe total sube a 24,7 millones de euros. El presupuesto de la línea ICO-MAPA-SAECA se amplía en 10 millones de euros, hasta 20 millones de euros, mientras que se eleva en 2 millones de euros el presupuesto de la línea de subvención de avales de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

También ha detallado el estado de tramitación de los diferentes reales decretos necesarios para la implementación de la PAC (sistemas de gestión, reglamentos horizontales...), así como de la normativa relacionada con las diferentes áreas del ministerio (aplicación del Sistema de Información de Explotaciones SIEX, real decreto de bienestar animal o intervenciones en el sector apícola y en el de frutas y hortalizas, entre otros).