La Junta de Andalucía ha aprobado la instalación de 25 megaplantas solares en 5.500 hectáreas de olivar en las provincias de Jaén y Córdoba, lo que supondrá la eliminación de aproximadamente 500.000 olivos centenarios. Esta actuación, enmarcada en la política de transición energética del Gobierno andaluz, ha generado una fuerte contestación social y medioambiental.

Las plataformas SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, que este martes se reúnen en Lopera (Jaén), estiman que para compensar las emisiones de CO₂ que estos olivos dejarán de absorber, la Junta tendría que plantar casi 30 millones de nuevos árboles. Sin embargo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció en noviembre de 2024 la plantación de solo 1,5 millones de árboles en 2.500 hectáreas, una cifra que no cubriría ni el 6% del CO₂ que los olivos centenarios capturan anualmente.

Un balance negativo de carbono

El desequilibrio entre árboles talados y nuevos plantíos resulta alarmante. Según la Fundación Aquae, un árbol joven absorbe entre 10 y 30 kg de CO₂ al año. En cambio, datos de la Universidad de Jaén y la Cátedra AOVES estiman que un olivo centenario captura en torno a 570 kg de CO₂ anualmente. Bajo esta premisa, los árboles jóvenes previstos apenas compensarían una fracción del impacto ambiental que generará esta transformación del paisaje rural.

“Es contradictorio hablar de descarbonización mientras se arrasan árboles con siglos de vida, que son los mayores sumideros naturales de carbono que tenemos”, advierte Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Impacto social: expropiaciones forzosas y pérdida de tejido productivo

Además del impacto climático, la sustitución de olivares por infraestructuras solares plantea un grave problema socioeconómico. En localidades como Lopera —con 3.500 habitantes, de los cuales el 90% vive del cultivo del olivo— se estima que las cuatro plantas proyectadas ocuparán 426 hectáreas, lo que supondría la pérdida de más de 42.000 olivos.

La Plataforma Campiña Norte denuncia que estos proyectos han sido declarados de utilidad pública, lo que permite al Gobierno andaluz aplicar procesos de expropiación. “Los acuerdos están muy lejos de ser amistosos. Muchos propietarios firman los arrendamientos bajo amenaza de perder sus tierras”, señala Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma.

La falta de transparencia agrava la situación. “Los afectados se enteran por los tablones municipales o el Boletín Oficial, lo cual, aunque legal, no es ético ni suficiente”, añade Alcalá.

El riesgo de despoblación y pérdida de patrimonio

Los territorios afectados no solo pierden una fuente de ingresos, sino también un patrimonio agrícola, cultural y ambiental. La zona aspira desde hace años a ser reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO por su paisaje olivarero centenario. La transformación del suelo agrícola en suelo industrial amenaza también con acelerar la despoblación y el abandono del medio rural.

Este miércoles, las plataformas rurales entregarán en Sevilla más de 20.000 firmas recogidas contra esta operación, exigiendo una revisión profunda del modelo de transición energética en Andalucía.