Un reciente estudio titulado “La regulación del mercado oleícola” examina con profundidad la efectividad de las herramientas regulatorias aplicadas en el sector del aceite de oliva, particularmente en el contexto de España, el principal productor mundial. El informe, realizado por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación de Jaén, analiza la volatilidad de precios, los desajustes entre oferta y demanda, y propone medidas correctivas basadas en experiencias pasadas y legislación comunitaria vigente.

Desequilibrios estructurales y volatilidad de precios

El mercado del aceite de oliva está marcado por una fuerte irregularidad en la producción anual, provocada en gran parte por la climatología. Esta oscilación genera inestabilidad de precios y pone en riesgo la sostenibilidad del sector, especialmente para los pequeños productores. Según el estudio, entre 2010 y 2020, las oscilaciones de precios en origen superaron el 40 % entre campañas, afectando negativamente la rentabilidad del olivar tradicional.

Instrumentos existentes: eficacia limitada

Desde la reforma de la Política Agraria Común (PAC), los mecanismos de regulación pública directa han desaparecido, siendo sustituidos por herramientas de autorregulación a través de organizaciones de productores reconocidas. Sin embargo, el informe concluye que su impacto ha sido marginal debido a la baja concentración de la oferta, la dificultad de coordinación y la escasa flexibilidad normativa .

Entre las medidas en vigor, destaca la autorización temporal para el almacenamiento privado por parte del Consejo Oleícola Internacional (COI), aunque su aplicación ha sido puntual y limitada en tiempo y volumen.

Propuestas regulatorias: hacia un modelo más dinámico

El estudio plantea una batería de medidas orientadas a estabilizar el mercado:

• Extensión de normas de comercialización que obliguen a los operadores a retirar del mercado volúmenes pactados cuando haya sobreoferta.
• Refuerzo del papel de las Organizaciones de Productores (OP) y sus asociaciones (AOP), dotándolas de mayor capacidad de intervención coordinada.
• Mejoras en la normativa de almacenamiento privado, permitiendo su activación automática cuando se superen determinados umbrales de desequilibrio.
• Creación de un observatorio de mercado independiente, que anticipe tendencias y active mecanismos correctores.

Necesidad de un marco regulador proactivo

El informe concluye que, sin una revisión estructural de la regulación del mercado, el sector oleícola seguirá expuesto a una elevada vulnerabilidad. Propone una estrategia de equilibrio entre la iniciativa privada organizada y la regulación pública estratégica, inspirada en modelos aplicados en otros sectores agrícolas europeos.