En los últimos 20 años, el 59% de las explotaciones olivareras en España ha desaparecido, pasando de 602.250 en 1999 a 247.318 en 2020, según el estudio presentado hoy por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Sevilla. Este fenómeno, denominado por la organización como la “uberización del olivar español”, está transformando el sector en un modelo dominado por oligopolios corporativos y grandes fondos de inversión, lo que pone en peligro la viabilidad de los pequeños agricultores, el relevo generacional, el desarrollo rural y la lucha contra el cambio climático.

“El futuro que se vislumbra es un olivar sin agricultores. Si no se actúa ahora, los olivareros profesionales se convertirán en simples asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias, como ya ocurre en otros países”, advirtió Juan Luis Ávila, responsable del sector olivarero de COAG.

Un sector en manos de grandes fondos de inversión

La compraventa de fincas rústicas ha crecido un 20% desde 2019, liderada por fondos de inversión nacionales e internacionales que acaparan tierras estratégicas en la Península Ibérica, cuyo valor supera ya los 100.000 millones de euros. En Andalucía, regiones como Sevilla, Córdoba y Cádiz han sido especialmente vulnerables a este fenómeno, que está concentrando las mejores fincas de regadío en manos de inversores especulativos, atraídos por la alta rentabilidad de cultivos como el olivar.

El informe subraya que los pequeños y medianos olivareros, sin acceso a los recursos necesarios para competir, enfrentan un futuro incierto. Este modelo fomenta la especulación del suelo y el uso de recursos hídricos, dejando a los agricultores independientes en clara desventaja frente a fondos que gestionan miles de hectáreas de olivar, almendro o aguacate, como los casos de Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, SLM Partners y Fiera Capital.

Además, el documento denuncia casos recientes de daños ambientales relacionados con estas macroexplotaciones, como el uso ilegal de agua en zonas protegidas como Doñana, involucrando a grandes propietarios y empresas.

Impactos sociales, económicos y ambientales

El olivar representa un pilar estratégico para la economía de Andalucía, con más de 200.000 explotaciones, 1.600.000 hectáreas cultivadas y 19 millones de jornales anuales, según cifras aportadas por el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López. Este cultivo genera riqueza, fija población al territorio y contribuye a la soberanía alimentaria.

Sin embargo, los fondos de inversión se apropian del valor añadido, revirtiendo los beneficios fuera de las comunidades locales. “Queremos que el valor de nuestros olivares contribuya al desarrollo rural, no a engrosar los fondos de pensiones de millonarios extranjeros”, recalcó Ávila.

La especulación del agua, elemento clave para las explotaciones rentables, exacerba las desigualdades. Según el estudio, las tierras con acceso a recursos hídricos son objeto de una creciente concentración, dejando a las pequeñas y medianas explotaciones en una situación insostenible.

COAG reclama un cambio de rumbo

La COAG ha hecho un llamamiento al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos para que prioricen el modelo social y profesional de la agricultura frente a la expansión de los grandes capitales. Entre las medidas propuestas destacan:

• Defender el carácter público del agua y garantizar su reparto equitativo.
• Apoyar a los pequeños y medianos olivareros mediante políticas que aseguren precios justos y acceso a recursos.
• Implementar estrategias de desarrollo rural que refuercen la biodiversidad y fijen población al territorio.

“Un olivar sin agricultores es insostenible para el medio rural. Proteger a los pequeños productores no solo significa soberanía alimentaria, sino también desarrollo económico, conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático”, señaló Ávila.

Por su parte, la viceconsejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Consolación Vera, destacó el papel crucial del olivar en la región. “En más de 300 municipios andaluces, el olivar es la principal actividad económica, y en muchos casos, el motor que previene la despoblación. Este cultivo debe seguir siendo un pilar estratégico para nuestra comunidad”.

El olivar, una cuestión de Estado

COAG insta a reconocer al olivar como un sector estratégico en España y a establecer medidas urgentes para frenar la uberización. “El modelo actual pone en peligro a miles de explotaciones familiares y concentra los beneficios en manos de grandes inversores que no generan empleo local ni respetan el medio ambiente”, afirmó Miguel López.

El sector necesita un mercado ordenado, precios sostenibles y un marco normativo que priorice a los agricultores locales. “Estamos hablando de más que un cultivo: el olivar es patrimonio, biodiversidad y vida para nuestros pueblos. Defenderlo es una obligación”, concluyó López.