El pasado martes, el Parlamento Europeo ha aprobado una actualización de la normativa comunitaria sobre seguridad aérea, con disposiciones específicas para garantizar una utilización segura de los drones. Las nuevas reglas europeas también buscan impulsar el desarrollo de este sector, al alza en España, al tiempo que garantizan la privacidad y la protección de datos personales.

Hasta la fecha, los drones de menos de 150 kg estaban sujetos a la legislación de cada Estado miembro, ante el incremento de su uso y para permitir el desarrollo de un mercado lastrado por la diversidad de normativas nacionales, la UE ha decidido proponer legislación para toda los países de la Unión.

Según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en los últimos tres años, cerca de 3.000 operadores de este tipo de aeronaves no tripuladas han iniciado su actividad en España. Para la AESA, la seguridad es también uno de los aspectos “más importantes”. Y, en ese sentido, se aplican en la actualidad una serie de reglas a escala nacional.

“Creemos necesario que los drones incorporen un dispositivo limitador de energía de impacto, lo que se conoce como paracaídas”, explican. “Y no permitimos que aparatos de más de 10 kg sobrevuelen aglomeraciones de personas o edificios”. De hecho, la AESA supedita el futuro del sector a lo que se invierta en seguridad porque “la integridad de las personas, el mobiliario o la de otras aeronaves no puede verse afectada por el uso de los drones”.

Según los últimos datos de la agencia estatal, España cuenta en la actualidad 3.693 pilotos de drones, 4.283 naves de este tipo registradas y 74 escuelas de formación ATOS (únicos organismos que pueden expedir una licencia de pilotaje).

La nueva normativa aprobada establece que el diseño de los drones “debe asegurar que, al ser utilizados, no suponen un riesgo para las personas”. Además, “en función de características como el peso o la zona de operación, el aparato deberá ir equipado con dispositivos para evitar colisiones o de aterrizaje automático”. Los operadores europeos tendrán que conocer la nueva reglamentación y “ser capaces de operar de manera segura, sin crear riesgos para las personas o el espacio aéreo”. Esto implicará que, en algunos casos, deban seguir cursos de formación.

Para facilitar la identificación de los responsables en caso de incidente, “los drones deberán llevar un código de matriculación. El nombre de los operadores deberá incluirse en registros nacionales” (excluidos los operadores de los aparatos más pequeños).

Además, la normativa actualiza las reglas sobre seguridad aérea para adaptarse al previsiblemente aumento del tráfico aéreo en las próximas décadas. También se busca impulsar la cooperación entre la Agencia europea de seguridad aérea y las autoridades nacionales a la hora de evaluar los riesgos de vuelos sobre zonas de conflicto. Asimismo, la Comisión deberá desarrollar estándares para la descarga en tiempo real de datos de los dispositivos de seguimiento de vuelo cuando una aeronave se encuentre en peligro, a fin de acelerar la respuesta de emergencia.