La plataforma ciudadana SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han anunciado la puesta en marcha de una macrocausa judicial sin precedentes en España con el objetivo de detener la proliferación indiscriminada de proyectos fotovoltaicos sobre suelos agrícolas fértiles.

El anuncio, realizado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, fue presentado por Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, y Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, quienes definieron esta acción como una “alianza histórica” por la defensa del medio rural frente al avance “especulativo y desordenado” de las energías renovables.

Una ofensiva jurídica con epicentro en Jaén

La primera línea de esta ofensiva judicial se centrará en los cuatro proyectos fotovoltaicos previstos en el municipio jiennense de Lopera, que, junto con otras iniciativas en la provincia, amenazan con la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos con un valor patrimonial incalculable.

“Las primeras acciones judiciales, basadas en un estudio técnico-jurídico exhaustivo, permitirán frenar la tala de estos olivos centenarios, emblemas vivos del paisaje mediterráneo y sustento de muchas familias”, explicó Fernández.

Aunque ambas plataformas subrayan su compromiso con la transición energética, denuncian el modelo actual como “ambiental y territorialmente insostenible”. “No estamos contra las renovables, sino contra su implantación irresponsable en zonas que deberían estar blindadas por su valor agrícola, ecológico y cultural”, puntualizó Corbalán.

Zonificación urgente y legislación clara: las claves de la demanda

En Andalucía, casi el 70% de las plantas fotovoltaicas se están instalando sobre suelos agrícolas clasificados como S1 y S2, es decir, de alta capacidad productiva. Este fenómeno no solo compromete la seguridad alimentaria, sino que provoca la degradación de ecosistemas agrícolas únicos e irrecuperables.

“El auge de las renovables no puede convertirse en un nuevo modelo extractivo. Necesitamos una planificación territorial vinculante, como ya ocurre en países de nuestro entorno, que prohíba expresamente su desarrollo en áreas de alto valor agrario”, reclamó Fernández.

Corbalán añadió: “Proteger el suelo es proteger la salud, el empleo y la identidad de nuestros pueblos. El futuro no se improvisa: se defiende, se planifica y se cultiva”.

Un crecimiento alarmante: 130.000 campos de fútbol en 2030

Según datos del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los parques fotovoltaicos ya ocupaban en 2024 más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil. Para 2030, la cifra podría rozar las 95.000 hectáreas, equivalente a más de 130.000 campos de fútbol.

“Estamos ante una transformación radical del paisaje rural español, que no está siendo ni debatida ni evaluada con la seriedad que merece”, alertó Corbalán. “El desarrollo energético no puede construirse sobre la destrucción del campo”.

Ecología con raíces: una alianza que escucha al territorio

La alianza entre ambas entidades surge de una convicción común: que la ecología y el campo no son opuestos, sino aliados naturales. “Los mejores ecologistas no están en los despachos, están en el terreno: son los agricultores y ganaderos que entienden el valor del suelo, del agua y de los ciclos naturales”, afirmó Fernández.

Corbalán subrayó que esta iniciativa representa “una estrategia jurídica estructurada, pionera y firme frente a decisiones políticas y empresariales que ignoran las dinámicas del mundo rural”.

Ambas plataformas ponen así sobre la mesa una visión alternativa a la de los grandes fondos de inversión que promueven megaplantas solares sobre tierras fértiles: una visión basada en la protección del territorio, la biodiversidad y la sostenibilidad real.

“El sector agroalimentario español, líder mundial por su calidad y resiliencia, no es el problema, sino una parte esencial de la solución”, concluyó Corbalán.