La campaña de recogida de aceituna de mesa acaba de dar comienzo y, por quinto año consecutivo, los precios que reciben los agricultores siguen instalados por debajo de los costes de producción. Justo hace un mes, UPA Andalucía ya transmitió su preocupación por que el inicio de campaña pudiera volver a estar marcado por estas bajas e injustificables cotizaciones en origen que están arrastrando al sector a la ruina.

La organización agraria denuncia que, para liquidar la aceituna de mesa en origen, y actuando de manera desleal incumpliendo la Ley de Cadena Alimentaria, la industria pretende cubrirse las espaldas tomando como referencia a día de hoy un estudio de costes del Ministerio de Agricultura de la campaña 2014/2015. Dicho estudio se realizó en enero de 2015, tomando como base el coste de la vida de ese momento, sin embargo, el IPC se ha incrementado desde ese año hasta la actualidad un 4,8%.

Desde la organización agraria remarcan que “hay que tener en cuenta el IPC, ya que, si el nivel de vida sube para todos los ciudadanos, para los agricultores también aumenta, y eso ha de verse reflejado en los precios percibidos por su producto. Las cotizaciones del sector no pueden regirse por conveniencia para la industria en base a un solo estudio realizado hace cinco campañas y absolutamente desactualizado. Deben acercarse al presente de la realidad económica de las explotaciones actuales, porque de lo contrario, van a hacer desaparecer a un sector que genera tanta riqueza y empleo en nuestra comunidad”.

También hay que tener en cuenta que la mayor parte de los costes de explotación (insumos como los fitosanitarios, fertilizantes, gasóleo, etc.) no se tienen en cuenta como referencia para el cálculo del IPC, y estos han subido muy por encima de ese 4,8% en los últimos cinco años, en torno a un 10-20%. También hay que considerar que la mano de obra se ha incrementado considerablemente en estos últimos años, a lo que se le suma el aumento notable debido a la subida del salario mínimo interprofesional, materializado en los cuatro últimos años, y que han tenido que amortiguar los propios agricultores.

Por tanto, teniendo en cuenta tanto la subida del IPC, como el aumento de los costes de la mano de obra y de los inputs, la industria no puede referenciar en los contratos de compra como lo está haciendo al precio del estudio de 2015.

Para evitar que se sigan cometiendo abusos, desde la organización agraria proponen a la administración, especialmente a la andaluza, “que elabore un estudio de costes del sector de manera urgente, para tener una referencia más ajustada de los costes de nuestras explotaciones en Andalucía”. Además, exigen mantener un observatorio de costes de la cadena actualizado en su conjunto, con precios de compra y venta de la industria y la distribución para dar transparencia al sector y trasladar a la sociedad cómo se distribuye lo que paga el consumidor.