La mejora en el uso de los recursos hídricos es una constante en el día a día de las comunidades de regantes y desde hace décadas España es una referencia internacional y un país pionero en materia de modernización de regadíos, pues más del 75% de la superficie de regadío se encuentra ya modernizada.

Así, las comunidades de regantes hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en materia de inversión e innovación para seguir avanzando en nuestros sistemas de riego, lo que nos ha permitido ahorrar agua y energía, y transformar los cultivos de distintas zonas del país. En España alrededor del 55% del regadío existente se riega por el sistema de goteo (localizado), predominando el cultivo de olivar.

A pesar de todo ello, la escasez de recursos hídricos sigue siendo un reto para la agricultura global y un problema capital en buena parte de nuestro sector agrario y olivarero: pilares fundamentales de nuestra economía y motores de crecimiento y de empleo.

España, líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en el sector del olivar, ha sabido adaptarse a los nuevos desafíos y avanzar en su modernización, aunque la falta de agua sigue siendo un gran motivo de preocupación para el sector. De hecho, el olivar es el cultivo con más superficie regada en España, con más de 837.000 hectáreas, un 30,64% de su superficie total, según datos del Ministerio de Agricultura.

En nuestro futuro más inmediato, el contexto económico abre numerosas incertidumbres. Afrontamos la crisis energética y la espiral inflacionista no nos da tregua. Las comunidades de regantes queremos poner el foco en la gravedad de la situación, ante la asfixia económica que supone para nosotros el encarecimiento de los costes eléctricos no se puede olvidar que el regadío modernizado necesita presión, lo que supone un coste energético adicional respecto a los sistemas de superficie.

Por ello, urgimos al Gobierno a implantar un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al regadío, lo que ayudaría a los agricultores a abaratar un 30% su factura eléctrica, siempre y cuando la medida vaya unida a la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año, tal y como se recoge en la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El artículo de opinión se encuentra disponible para su lectura en el número 189 de Óleo.