El pasado 18 de julio, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) mostró en comparecencia de prensa su desacuerdo con la propuesta de Ley para la protección de olivos monumentales puesta en marcha por el Parlament de Catalunya. Esta ley contempla multas de hasta 500.000 euros para aquellos que cometan el acto de "dañar, matar, explantar o comercializar" dichos olivos de carácter milenario. Para la federación, este tipo de planteamiento es "mejorable" y las sanciones "claramente desorbitadas".

La FCAC denuncia que la propuesta se ha presentado "sin haberlo consultado con el sector productor, que es el más afectado". Aunque la entidad comparte el objetivo de proteger el patrimonio natural, cree que hay tres aspectos clave en la ley que deben mejorarse: la definición de olivo monumental en base a criterios menos arbitrarios, la disminución de las sanciones previstas y, por último, la necesidad de establecer una contraprestación económica para los propietarios que les permita cobrar los costes derivados del mantenimiento del patrimonio. El problema fundamental que las cooperativas quieren subrayar es que los olivares tradicionales no son rentables y se encuentran en riesgo de abandono, por lo que si no se permite mejorar sus plantaciones y además se imponen ese tipo de sanciones, las posibilidades de abandono aumentarán.

La propuesta de ley ha tenido como reacción la descapitalización de las fincas de olivares, con masivas arrancadas, un hecho que las organizaciones ecologistas han calificado de "expolio". La FCAC lamenta la generalización de este término que, dice, criminaliza al productor sin tener en cuenta que "si estos olivos están en su sitio es gracias a los campesinos que los han cuidado y mantenido hasta ahora".