Las plataformas SOS Rural y Campiña Norte contra las Megaplantas Solares han solicitado a la Junta de Andalucía la paralización inmediata de cualquier proyecto fotovoltaico que implique la tala de olivos centenarios, así como la creación urgente de una ley autonómica de protección del suelo agrícola. La demanda se produjo durante una reunión mantenida con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el secretario general de Energía, Manuel Larrasa.

Las plataformas, representadas por Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, y Rafael Alcalá, portavoz de Campiña Norte, han denunciado el impacto devastador que el desarrollo de megaproyectos solares está teniendo sobre el paisaje agrario andaluz, especialmente en las provincias de Jaén y Córdoba, donde ya se han aprobado iniciativas que implican la expropiación de miles de hectáreas de olivar.

“La sociedad española no entiende ni acepta que se tale un solo olivo centenario más amparándose en la ley o en nombre de la transición ecológica”, declaró Corbalán, tras entregar más de 80.000 firmas recogidas en la campaña “¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera de ser talados para poner placas solares!” en el Parlamento andaluz.

Impacto territorial y agrícola de las renovables

El portavoz de Campiña Norte, Rafael Alcalá, denunció los efectos “nefastos” de los 25 megaproyectos fotovoltaicos previstos en el entorno del municipio de Lopera (Jaén), donde la economía local depende en gran medida del cultivo del olivar: “Son mucho más que árboles: son historia, identidad, economía y futuro”.

Las plataformas advierten que esta tendencia no es aislada. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2024 más de 50.000 hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU) están ya ocupadas por parques fotovoltaicos, con una previsión de alcanzar las 94.596 hectáreas para 2030, lo que representa un aumento del 166% desde 2016.

Reclaman una zonificación vinculante

Ante este escenario, SOS Rural propone una legislación similar a la existente en Italia o Francia, que impida el uso especulativo de suelos agrícolas de alta productividad. La ley debería establecer:

• Zonificación vinculante que prohíba la implantación de renovables en SAU clasificada como S1 y S2.
• Priorización de suelos degradados para nuevas infraestructuras energéticas.
• Permiso exclusivo a instalaciones agrovoltaicas certificadas, compatibles con la producción agrícola.

“El auge de las energías renovables es estratégico para la descarbonización, pero no puede desarrollarse de forma masiva y desordenada, sacrificando ecosistemas agrícolas únicos y nuestra soberanía alimentaria”, reflexionó Corbalán.

Las plataformas consideran insuficientes los actuales mecanismos de evaluación de impacto ambiental y reclaman una planificación territorial adecuada que integre criterios agrarios, ecológicos y sociales.

Balance agridulce de la reunión institucional

Pese a haber sido escuchadas, las plataformas lamentan la falta de compromiso por parte de la Consejería. “Nos vamos con la sensación de que, aunque hay cierta sensibilidad, no hay voluntad política suficiente para frenar un modelo de transición energética que está devorando el paisaje rural andaluz”, concluyó la portavoz de SOS Rural.