La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) ha recibido positivamente la reciente publicación de ayudas del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural destinadas a las cooperativas productoras de aceite de oliva afectadas por la persistente sequía de la campaña 2022/23. Estas ayudas responden a una reivindicación histórica de la FCAC, formulada desde principios de 2023, tras una de las peores campañas de las últimas dos décadas.

Antoni Galceran, responsable del sector del aceite de oliva de la FCAC, ha señalado que "la cosecha de la campaña 22/23 se vio gravemente afectada por dos años consecutivos de déficit pluviométrico, además de las heladas de abril de 2022 en comarcas de Lleida y Tarragona, y las oleadas de calor desde mayo". Esta combinación de factores climáticos adversos resultó en una reducción de la cosecha de aceitunas superior al 50% en comparación con la media histórica, afectando especialmente a las zonas de secano.

Históricamente, la producción de aceituna en Cataluña alcanza las 31.700 toneladas, pero la campaña 2022/23 registró una caída dramática, alcanzando solo 15.000 toneladas. Este descenso significativo coincidió con un incremento de costes que impactó duramente en las cooperativas del sector del aceite de oliva.

La nueva orden de ayudas de minimis tiene como objetivo compensar las pérdidas sufridas por las almazaras que producen y comercializan aceite, siempre que hayan registrado una pérdida mínima del 30% de la facturación en comparación con la media de las cinco campañas anteriores.

Medidas para productores

Además, en abril se publicaron ayudas específicas para las explotaciones agrarias de olivo, destinadas a paliar las condiciones adversas y el aumento de costes del sector primario, exacerbados por el conflicto bélico en Ucrania.

Estas medidas buscan compensar a las explotaciones con olivos de secano y regadío que hayan sufrido escasez de agua, particularmente en las áreas de los pantanos de Guiamets, Riudecanyes, Margalef y Siurana. Las ayudas oscilan entre 170 y 240 euros por beneficiario, con un máximo de 70 hectáreas por explotación para agricultores profesionales, explotaciones agrarias prioritarias y jóvenes agricultores. Para otros casos, el límite es de 15 hectáreas.