El glifosato es un herbicida, y es uno de los pesticidas más populares a escala mundial. Su uso generalista y no selectivo le permite ser muy efectivo tanto en el sector agrícola como en jardinería. Sin embargo, desde su comercialización en el año 1974, la utilización del glifosato ha sido muy controvertida y polémica por sus posibles efectos nocivos en la salud humana y las consecuencias medioambientales, que pueden perjudicar la biodiversidad. Y hoy en día lo sigue siendo. En 1994 Monsanto perdió la patente, y eso disparó la producción en países como China e India, así como su uso.

"El debate y la práctica científica sobre los impactos del glifosato han mostrado claras debilidades y fallos. Ha habido prácticas muy perniciosas, como estudios publicados con financiación de las empresas agroquímicas y mucha ambigüedad en general", apunta Lucía Argüelles, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab) en el Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

Tal es el cruce de argumentos que resulta muy complejo señalar hasta qué punto puede ser perjudicial. "Las instituciones que lo regulan parecen embrujadas por este enredo, lo asumen como válido, aunque es bastante lógico pensar que tirar toneladas de un químico sobre los campos donde cultivamos nuestra comida para matar plantas tiene un impacto", expone Argüelles, experta en sistemas agroalimentarios.

Votación sobre la autorización del glifosato

Actualmente, la Comisión Europea debe decidir antes de que finalice este 2023 si prolonga la autorización para usar el glifosato en los países que la conforman durante otros cinco o diez años. Este organismo se ha mostrado partidario de su renovación, aunque la decisión final ha de someterse a la votación de los países de la Unión Europea (UE). El 13 de octubre de 2023, los estados miembros ya votaron, pero el comité no se pronunció, al no haber mayoría cualificada ni a favor ni en contra. Por lo tanto, la votación debe volver a realizarse antes del 15 de diciembre de este mismo año.

Esta votación ocurre en un contexto en el que la Comisión Europea pretende reducir el uso de pesticidas un 50 % en 2030, y en el que Alemania ya ha anunciado la retirada del glifosato a finales de este año.

Los estados, entidades y otros agentes sociales a favor de la renovación argumentan el alto coste que supondría para los agricultores mantener el nivel de producción de sus explotaciones sin usar glifosato. Para Lucía Argüelles, basarse únicamente en el argumento económico sirve para mantener el statu quo. El cambio también debe verse como una oportunidad. Hay multitud de ejemplos de proyectos orgánicos de huerta, cereal y vid que funcionan perfectamente. La cuestión es escalar ese modelo. "Es el momento de hacer una buena política agraria europea que incluya un cambio tecnológico que permita una reducción masiva del uso de pesticidas. También hay que prohibir la importación de alimentos tratados con ciertas sustancias, así como la producción de pesticidas y posterior exportación a terceros países. No se trata de que la producción contaminante se traslade a otros lugares", defiende esta experta.

La diferencia de voto entre países de la UE no se basa exclusivamente en la creencia en los estudios científicos ni estimaciones. "Las principales dudas de los estados miembros son si cada país va a ser capaz de hacer una transición a una agricultura diferente, sin grandes pérdidas económicas y sin un enfado masivo por parte de los agricultores", apunta Argüelles, quien detalla que actualmente "hay países que están más preparados que otros" para afrontar este desafío. "Se dice que el cambio depende de la riqueza de los países, pero creo que se trata de capacidad política y técnica de crear un plan para ese cambio", añade.