La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado este lunes los cuatro reglamentos que forman la reforma de la Política Agraria Común (PAC) pactada la semana pasada por la Unión Europea y que en principio entrará en vigor en enero de 2014, aunque muchas de sus disposiciones tendrán que aplazarse hasta al menos 2015 por los retrasos que ha habido en la negociación.

La posición de esta comisión europarlamentaria es la que deberá refrendar o rechazar el pleno de la Eurocámara, probablemente en su segunda sesión de octubre o en la de noviembre. Los eurodiputados pueden aprobar o tumbar el acuerdo, pero no enmendarlo. Los Estados miembros también tienen que dar su apoyo formal antes de que concluya el año.

El apoyo de los eurodiputados ha sido mayoritario, especialmente en el voto sobre pagos directos (31 a favor, 8 en contra, dos abstenciones) y en el que se refiere a las normas de desarrollo rural (35 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones). Mientras que el texto sobre la regulación de la OCM ha sido la votación más ajustada (27 a favor, 14 en contra y cero abstenciones).

La Eurocámara, los Veintiocho y la Comisión Europea lograron la pasada semana cerrar los últimos flecos que quedaron pendientes antes de verano para cerrar una reforma que, según coinciden todas las partes, permitirá una política agrícola "más verde", porque condicionará un 30% de los apoyos directos a determinados esfuerzos medioambientales.

También pretende asegurar un reparto más "justo" y "equilibrado" entre los agricultores, aunque la convergencia que intentó imponer Bruselas para que todos los productores de la UE recibiesen el mismo nivel de ayuda de aquí a 2019, independientemente de su región o sector, ha quedado atenuada por la presión de Estados miembros como España.

La reforma introduce entre sus novedades la creación de una "lista negativa" con la que definir de manera más clara al "agricultor activo", con el objetivo de evitar que parte del gasto agrícola de la UE va a parar a manos de los llamados productores "de salón" que no desempeñan actividad agrícola alguna, como aeropuertos o campos de golf.

Asimismo, la Eurocámara no ha conseguido defender el techo máximo de 300.000 euros al año por explotación que Bruselas propuso, ya que los líderes europeos establecieron que esta medida sería voluntaria para los países y se negaron a negociarla. A cambio, los gobiernos han aceptado una reducción o “degresividad” del 5% para los subsidios que superen los 150.000 euros anuales. El pacto agrícola que ha superado el voto de la comisión europarlamentaria también eleva del 75 al 85% la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como “convergencia”.