El Decreto de venta directa de productos agrarios y forestales aprobado por la Junta de Andalucía permitirá que 183.000 explotaciones agrarias y 8.000 productores ecológicos de Andalucía se beneficien de la venta directa de sus productos y para ello la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural está realizando un “considerable esfuerzo” para darle la mayor difusión. Su objetivo, según la consejera Carmen Ortiz, es “favorecer que puedan acogerse el mayor número posible de explotaciones y alimentos andaluces”. Concretamente, la Junta está organizando charlas informativas y difundiendo el decreto a través de los medios de comunicación y folletos divulgativos, entre otras actuaciones.

Ortiz ha informado en Comisión parlamentaria que desde la publicación de la normativa en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en noviembre de 2016, han comunicado su interés por acogerse a esta iniciativa un total de 130 productores y recolectores de Andalucía que suman 307 referencias. La consejera ha explicado que, en total, se estima que podrían acogerse a este decreto más de 183.000 explotaciones agrarias andaluzas y alrededor de 8.000 productores ecológicos que superan las 200.000 hectáreas, por lo que actualmente “el margen de mejora sigue siendo amplio”.

En su intervención, la titular de Agricultura ha puesto en valor que esta normativa, aprobada por Consejo de Gobierno en octubre del año pasado, ha dado cobertura legal a una “realidad con gran arraigo en Andalucía” al permitir la comercialización de alimentos directamente a los consumidores finales. Carmen Ortiz ha afirmado que de esta forma se ofrecen nuevas posibilidades para potenciar “sistemas de producción singulares, como cultivos tradicionales de pequeñas explotaciones multifuncionales, especialmente las ecológicas”, y complementar las rentas de las unidades familiares asentadas en el mundo rural.

Además, como ha comentado la consejera, el decreto tiene también entre sus objetivos servir de “instrumento eficaz” para establecer un mayor equilibrio en el reparto del rendimiento económico de la cadena de valor alimentaria, ya que “facilita el establecimiento de relaciones comerciales más directas” en las que las unidades productivas conservan el valor añadido de sus alimentos al prescindir de intermediarios en el proceso de venta.

De esta forma, “se mejora la viabilidad de las pequeñas explotaciones, que desempeñan una función esencial desde el punto de vista medioambiental, así como para el mantenimiento y conservación de variedades y razas autóctonas”, ha recalcado Carmen Ortiz.