“Injusta e infundada”, así ha calificado el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, la denuncia de las empresas de EEUU contra las aceitunas españolas y considera que ésta “pudiera representar un primer escalón en una ofensiva de la Administración americana para cuestionar las ayudas europeas al sector agrario”. Ante esta situación, ha reclamado a los Ministerios de Economía y Competitividad y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que “transmitan nuestra inquietud a las autoridades europeas” y que el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea “defiendan nuestro sector exportador de aceitunas ante las autoridades de EEUU”.

Durante su intervención en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, el representante de la Junta de Andalucía ha afirmado que sería conveniente hacer llegar a la Organización Mundial del Comercio “nuestra preocupación por la existencia de actuaciones que impiden el natural desarrollo del comercio”. Otra actuación que defiende Rodrigo Sánchez es que todas las instancias posibles, incluidos los gobiernos de las demás Comunidades Autónomas, defiendan “no sólo a la aceituna negra de España, sino a la totalidad del sistema de ayudas agrícolas y al desarrollo rural diseñado por la Unión Europea” en el marco de los acuerdos de esta organización internacional.

Sánchez Haro ha hecho hincapié en que se trata de una acusación oportunista porque “aprovecha la coyuntura proteccionista del presidente Trump”, injustificada porque formula “alegaciones sin fundamento” e injustas porque sólo se plantea contra la aceituna española y no contra la de otros países productores que también exportan a EEUU.

Además, los operadores americanos del sector de la aceituna de mesa también reciben ayudas del Departamento de Agricultura americano “con las mismas características” que las subvenciones que concede la Unión Europea, ha aclarado el consejero, que ha vuelto a recalcar que las subvenciones concedidas a las empresas españolas “están amparadas por la legalidad internacional, europea y estatal”.

En cuanto al papel de la Administración andaluza, Rodrigo Sánchez ha recordado que “nuestro apoyo al sector es indiscutible”, ya que desde la Junta se ha realizado y se seguirá realizando “un gran esfuerzo” para dar respuesta a las solicitudes de información que lleguen en relación a esta cuestión. Esta tarea, realizada principalmente por el Gobierno andaluz, se está llevando a cabo en coordinación y colaboración con la Administración General del Estado y la Comisión Europea, implicadas también en este procedimiento antisubvención y antidumping.