La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado el año 2017 como “dramático” para las cientos de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas españolas”.

La principal causa según la asociación, “aunque no la única”, tal y como resaltan, ha sido la sequía, “la más grave desde 1995 y una de las peores desde que hay registros”. La ausencia de planes y medidas políticas para hacer frente a la falta de precipitaciones ha contribuido a agravar sus efectos y, sobre todo, a llenar de miedo e incertidumbre a los agricultores, que ven como este problema irá a peor en un futuro inmediato. UPA ha valorado las pérdidas por la sequía en el sector en más de 3600 millones de euros en todo el año.

Sobre las macrocifras hechas públicas por el Gobierno, que aseguran que la renta agraria subió un 5% este ejercicio, UPA ha puesto en entredicho los datos por no dar una visión real de lo que está pasando en el campo. “Desde luego el 90% de las explotaciones españolas, que son de carácter familiar, no son partícipes de ese crecimiento de renta, más bien todo lo contrario”, han criticado.

El ejemplo más significativo de este desequilibrio sería la fruta de hueso, que según el IPC se encareció un 10,4% al consumidor, mientras que en origen solo lo hizo un 0,7%, lo que demuestra, para UPA, que urge un cambio en la Ley de Cadena Alimentaria que deberá afrontarse sin falta en 2018. “Los agricultores y ganaderos hemos seguido sin tener precios justos en 2017”, han asegurado. Inacción política UPA cree que, sobre todo en materia de sequía y de cadena agroalimentaria, el Gobierno ha optado por “seguir en funciones”, incurriendo en una “dejación de funciones y una inacción escandalosas”. La organización ha requerido al Ejecutivo y al departamento que dirige Isabel García Tejerina a que “haga su trabajo y empiece a resolver estos problemas que nos atañen a todos como sociedad”.

En 2017, las relaciones comerciales con terceros países han seguido marcando la vida y las expectativas de miles de agricultores y ganaderos en España. El veto de Rusia, que sigue sin resolverse, ha seguido dejando sus efectos en sectores como el porcino y las frutas y hortalizas. Los agricultores han criticado también que en acuerdos como el CETA, el TTIP o el de Mercosur se siga “jugando con los alimentos que producimos como moneda de cambio”.

Sobre la Política Agraria Común, UPA ha asegurado que los cambios recientemente aprobados con el Reglamento Ómnibus “no suenan mal”, aunque confiesan que “hay incertidumbre” hasta conocer los efectos que se irán notando el año próximo.