El Gobierno de España se ha pronunciado ante la polémica de los aranceles de Washington a los productos agroalimentarios europeos como compensación a las ayudas públicas concedidas al consorcio Airbus. En un comunicado oficial, han expresado su "rechazo enérgico" ante el anuncio del gobierno estadounidense, y han asegurado que el gobierno reaccionará "con firmeza y claridad" para defender "los intereses de nuestros ciudadanos y empresas", activando, para ello, todas las medidas a su alcance.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, tras la celebración del Consejo de Ministros, en su comparecencia ante los medios de comunicación. Considera "inaceptable" que el sector agroalimentaria sufra "las represalias comerciales de un conflicto de la industria aeronáutica". Este lunes, día 7 de octubre, se ha reunido con las Comunidades Autónomas y el martes 8 lo va a hacer con los sectores agroalimentarios afectados (aceite de oliva, aceituna de mesa, vino, quesos, cítricos y carne de porcino), para trasladar una posición común en defensa de los intereses españoles.

Esa posición común pasa, en primer lugar, por el diálogo con la administración norteamericana, pues se entiende que todavía es posible llegar a un acuerdo para evitar la puesta en vigor de estos aranceles. No obstante, si la respuesta es negativa se activarán medidas urgentes de respuesta. A estos efectos, el ministro Luis Planas va a viajar este mismo miércoles a Bruselas, para debatir con la Comisión Europea las acciones a seguir.

En esa reunión, Planas transmitirá a la Comisión diversas solicitudes. En primer lugar, responder en base al caso DS108 referido a las subvenciones del Foreign Sales Corporations (FSC), año 2004. La OMC otorgó a la UE el derecho de imponer contramedidas por valor de más de cuatro mil millones de euros que nunca fueron aplicadas en toda su extensión, y que Europa puede reclamar (o por lo menos emplear como bala ante las amenazas estadounidenses). En segundo lugar, se instará a la Comisión a la movilización de recursos financieros comunitarios en el marco de la gestión de crisis para el sector agrícola, con el objeto de poder atender las medidas necesarias para mitigar los efectos que puedan tener los aranceles sobre el sector productor. En concreto, para el sector del aceite de oliva, se propondrá, nuevamente, la activación del mecanismo de ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva. Por último, se solicitará la activación de medidas de promoción de la PAC en terceros países para los productos afectados.