Tras los resultados obtenidos en la Conferencia Sectorial de Agricultura, no todas las opiniones son de satisfacción. Así desde Unión de Uniones consideran que “el modelo acordado comete un agravio con los productores de frutas y hortalizas y con muchos viticultores y olivareros, entre otros, que no cobrarán ayudas pudiendo hacerlo, o verán reducidas las mismas”.

Aseguran que la reforma europea de la Política Agraria Común persigue una convergencia progresiva con respecto a la cantidad de ayuda percibida por los productores en función de un criterio establecido por tipologías de la zona, y no por el tipo de producción, como hasta ahora. El modelo de aplicación que se pretende, tras el acuerdo inicial, en cambio “desvirtúa la intencionalidad de la reforma europea, ya que no resuelve, sino que perpetúa y agrava la discriminación de un profesional agrario que nunca haya tenido derechos de ayuda históricos en su sector, o el valor de sus derechos sea bajo; aunque un productor se encuentre en la misma tipología de zona (sistema nuevo) que otro con derechos históricos de ayuda (el sistema anterior por sectores), no tenderán a converger en la cantidad de ayuda”, aseguran desde la organización agraria.

Afirman también que “el modelo elegido afectará más significativamente al sector del olivar de determinadas zonas productivas y donde este cultivo no es el hegemónico, como ocurre en amplias zonas de Aragón Castilla la Mancha, comunidad Valenciana y Cataluña”.

La organización también denuncia que este modelo de aplicación conlleva congelar lo más posible el modelo histórico de la PAC hasta el año 2020, ya que se basa en las 316 comarcas agrarias estatales, agrupadas sobre cuatro tipologías (tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos) en base a su promedio de ayudas cobradas en 2011.

Esto generará que cada productor pueda disponer, en función de los municipios donde radiquen las tierras de su explotación, de más de cuatro tipos de derechos, ya sea por cada una de las tipologías o por ser de comarcas agrarias de media distinta, los cuales no podrán ser ejercidos en una región agroeconómica diferente a la que los originó. “Todo ello, por un lado, originará una mayor carga burocrática tanto a la Administración gestora, como a los propios perceptores y, por otra parte, una mayor traba al libre desarrollo de las explotaciones agrarias”, consideran.