Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha informado que colaborará con la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español para trabajar en una extensión de la norma dirigida a avanzar en una autorregulación que aporte mayor estabilidad al sector en el ámbito de las cotizaciones.

La consejera se ha referido a esta medida en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la situación de los precios del aceite de oliva, que actualmente se encuentran en una coyuntura compleja debido a la bajada de su valor en los mercados. La titular de Agricultura ha recalcado que “el sector olivarero requiere de la implicación de todas las Administraciones” y la Consejería esta actuando “desde el principio” con el sector por “un tema tan sensible y tan importante para los agricultores”. Crespo ha mostrado su compromiso con el sector y ha afirmado que su departamento que trabajará “contundentemente” en este ámbito.

En este sentido, Crespo ha adelantado que desde la Junta de Andalucía se demandará que el próximo Consejo Consultivo de Política Agrícola, que se celebrará en abril, incluya en su orden del día el análisis de la situación en la que se encuentran actualmente los productores de aceite de oliva y aceituna de mesa.

Esta petición responde a una de las conclusiones adoptadas por unanimidad el pasado 15 de marzo durante la reunión del Consejo Andaluz del Olivar que presidió la consejera. En concreto, se acordó consultar al Estado la posibilidad de atender la petición del almacenamiento privado en base al apartado B de la normativa europea. Es decir, atendiendo a la necesidad de responder de manera oportuna a una situación de mercado “especialmente difícil” o una evolución económica con impacto negativo significativo en los márgenes del sector.

Asimismo, Carmen Crespo ha recordado en su intervención que el Consejo Andaluz acordó también “dar una vuelta” a Ley de Cadena Alimentaria, revisar el funcionamiento del Poolred, poner en marcha un grupo de trabajo de entidades prioritarias, respaldar con las ayudas agroalimentarias a los olivares de baja rentabilidad y elaborar un informe de la repercusión de los precios en el empleo.