Comienza la tramitación del anteproyecto de reforma de la Ley de la cadena alimentaria, acordada en la Mesa de Diálogo Agrario. Tras la primera lectura en Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley, previa consulta pública iniciada el 1 de abril, comienza ahora los restantes trámites y consultas preceptivas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro Luis Planas ha destacado que el mejor reconocimiento que el Gobierno puede hacer es abordar los principales temas de fondo de una cadena alimentaria “moderna y competitiva”, que ha tenido un “excelente comportamiento” durante el estado de alarma, pero que no está desprovista de problemas estructurales. En este sentido, ha señalado tres elementos básicos a los que el Gobierno buscar dar solución: desequilibrio entre los distintos elementos de la cadena, la falta de transparencia en la formación de precios y la debilidad de agricultores y ganaderos de cara a su capacidad de negociación con los demás eslabones.

Antes de dar inicio a los trámites, el Consejo de Ministros ha incluido en el citado anteproyecto la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Así, se amplía el catálogo de medidas desleales y se introducen nuevas medidas para hacer frente dichas prácticas, con el fin de favorecer "las relaciones equilibradas entre empresas en la cadena alimentaria". Los productos importados también deberán acogerse a lo estipulado en la ley, protegiendo así a los operadores nacionales.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. Además de establecer multas, podrá acordar que se ponga fin a la práctica comercial prohibida y ijar una indemnización a favor del perjudicado.

El texto se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño, una vez aprobado por el Consejo de Ministros.