Este lunes se ha celebrado la reunión de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), presidida por la también subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Dolores Ocaña. En esta, se ha aprobado el proyecto del 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Este plan contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del año 2020, junto con los porcentajes de subvención establecidos para cada una de ellas, en función de la modalidad de aseguramiento elegida.

El presupuesto inicial es de 216,43 millones de euros, si bien este puede aumentar en función de las siniestralidades, tal y como ocurrió con el 40º plan. De hecho, la presidenta de Enesa ha señalado que el Ministerio tiene la intención de elevar el presupuesto destinado al apoyo de los seguros agrarios.

En la actualidad, la práctica totalidad de las producciones agrarias están garantizadas frente a los principales riesgos no controlables por los productores. El 41º plan no incorpora ninguna novedad destacable pero sí prevé una serie de estudios para incorporar nuevas coberturas en el futuro, entre ellos:

• el estudio para la mejora de la garantía de plantación en el seguro para las explotaciones olivareras,

• el estudio de la cobertura de daños por sequía en el cultivo de la alfalfa,

• el estudio de la viabilidad de un seguro de rendimientos para el cultivo de avellano,

• estudiar la viabilidad de un seguro colectivo para el cultivo de aguacate en las Islas Canarias,

• evaluar la posibilidad de incluir nuevas especies y sistemas de producción en las líneas de seguros de acuicultura marina y continental,

• el estudio de garantía de retirada y destrucción de animales muertos en explotación para altas mortalidades en explotaciones avícolas que gestionan sus subproductos a través de incineradoras,

• estudiar la modificación del seguro de explotación de ganado vacuno de cebo.

En 2017 y 2018 las indemnizaciones superaron los 700 millones de euros. En este 2019, a fecha 8 de octubre, se estima un montante en indemnizaciones superior a 535 millones de euros.