La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, COAG Andalucía, ha criticado la desidia e inoperancia de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que después de tres meses sigue sin responder a la denuncia de esta organización agraria en relación con los precios del aceite de oliva y el anómalo funcionamiento de un mercado que no se rige por la ley de la oferta y la demanda. En este sentido, “resulta bastante sospechosa la coincidencia en los movimientos de los distintos agentes compradores, que salen al mercado o se retiran prácticamente a la vez”, indican desde la organización agraria.

En el pasado mes de mayo COAG denunció que en el mercado del aceite de oliva no se estaban cumpliendo las leyes de oferta y demanda, ya que no se entiende que en los últimos meses los productores hayan recibido precios tan bajos cuando la pasada fue una de las peores campañas de los últimos 20 años, con un 62% menos de producción.

De este modo, COAG pidió a la CNC, como organismo encargado de velar por el buen funcionamiento del mercado, que clarificase si hay acuerdos o abusos para especular con el producto, y que investigase si la distribución ha puesto en marcha algún tipo de estrategia para bajar los precios en origen, jugando así con la ruina de los agricultores en una comunidad muy dañada por la crisis y el paro.

Sin embargo, tres meses después, cuando está a punto de iniciarse una nueva campaña, y multitud de voces piden adelantarla por la escasez de reservas, la CNC sigue sin pronunciarse. El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, se pregunta “¿a qué intereses sirve la CNC? En el mercado del aceite de oliva apenas se han movido los precios, a pesar de haber tenido un 62% menos de producción, y además no hay problemas de abastecimiento. ¿Cómo es posible? Está claro que hay un marco de especulación o algún tipo de fraude que desconocemos, pero la Comisión Nacional de la Competencia no investiga, porque no obedece al interés general, sino al interés especulativo de unos pocos. No funciona como un organismo administrativo, sino como un tribunal político”.