“Desde octubre de 2011 hasta ahora, ha habido un antes y un después en el sector del olivar”, sector que, “gracias a los apoyos que recibe y al esfuerzo y trabajo de calidad de quienes lo integran, está dando un ejemplo a España y al mundo”. Así lo ha afirmado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, este fin de semana. La ministra recordaba cómo en 2011 se alcanzaron los precios más bajos de los últimos años, hasta el punto de tener que activar, en dos ocasiones, el mecanismo del almacenamiento privado, de 100.000 toneladas en cada caso, para almacenar aceite de oliva virgen y virgen extra.

En aquel momento otra de las preocupaciones del sector, según García Tejerina, era el mantenimiento de las ayudas de la Política Agrícola Común. “Cerca de 1.000 millones de euros al año, que son garantía de supervivencia y de sostenibilidad económica, medioambiental y social para este cultivo”. Para la ministra, esta preocupación estaba “muy justificada”, porque la propuesta inicial de la Comisión “ponía en grave riesgo la rentabilidad de las explotaciones olivareras”, tanto como pasar de percibir 500 euros por hectárea de media a 126 euros. En concreto, la ministra ha explicado que el olivar español hubiera perdido cerca de 700 millones de euros al año, de los que 600 millones correspondían al olivar de Andalucía.

Para cambiar esta situación, la ministra hacía referencia a “los 18 meses de análisis, diálogo, colaboración y duras negociaciones” de este Gobierno en la Unión Europea, para lograr finalmente 47.000 millones de euros en ayudas para el sector agroalimentario español, “lo que permite garantizar un horizonte de estabilidad de las rentas de las explotaciones en los próximos siete años”. Según ha recalcado la ministra, el olivar ha sido “la gran prioridad” en estas negociaciones, para lo que se defendieron instrumentos como una reducida convergencia interna, la limitación de entrada de nuevas superficies y un modelo de regionalización. Gracias a ello, los olivicultores recibirán ayudas muy similares a las actuales en 2015, y tienen asegurado el cobro del “pago verde”, ya que cumplen de manera automática el requisito del greening.

En el ámbito nacional, la ministra destacaba el Convenio de colaboración con las principales cadenas de distribución, el sector industrial, organizaciones agrarias y cooperativas para la mejora de la calidad del aceite de oliva y su promoción. Al mismo tiempo, “hemos promovido cambios de enorme importancia que dan respuesta a demandas históricas del conjunto del sector agroalimentario y que contribuyen de forma decisiva a reforzar su competitividad”. Se trata de las leyes de medida para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la de fomento de la integración de cooperativas. Para la ministra, “el sector agroalimentario español necesitaba estas herramientas para que toda la cadena sea más competitiva y eficiente”.