La organización agraria UPA-Andalucía ha presentado una nueva denuncia contra Carrefour (la segunda en 2015) ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y ante la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, por prácticas anticompetitivas y abusivas con su política de venta a pérdidas en el aceite de oliva.

El secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, ha explicado que la oferta denunciada es de venta de un litro de aceite de oliva virgen a 2,35 euros el litro (2,14 si se descuenta el IVA) en un envase de cinco litros, claramente por debajo del precio de adquisición. “Si tenemos como referencia el sistema Pool de precios en origen, desde el 12 de octubre de 2014 hasta la fecha, el precio más bajo del aceite de oliva virgen registrado es de 2,40 euros. No ha habido ninguna operación por debajo de ese precio. Aunque el precio medio ha sido de 2,90 euros, por lo tanto, claramente se sigue vendiendo a pérdidas”, asegura Agustín Rodríguez.

UPA-Andalucía destaca también que en esta lucha del sector olivarero contra las prácticas abusivas de la gran distribución, se haya sumado la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, Anierac, de modo que las denuncias por venta a pérdidas empiezan a ser ya una exigencia no solo de la producción, sino del conjunto del sector.

UPA siempre ha mantenido que “los envasadores también son afectados de una práctica instalada que está haciendo mucho daño al aceite de oliva”. Añaden que además, “nos parece impresentable” la posición de la distribución, que a través de un comunicado habla de libre competencia”. “Eso mismo es lo que estamos exigiendo, que se cumplan y respeten las reglas básicas de la libre competencia, y que no se actúe a diario con prácticas anticompetitivas como la venta a pérdidas”, denuncia Agustín Rodríguez.

Por ese motivo, UPA-Andalucía vuelve a pedir al Ministerio de Agricultura que refuerce, más si cabe, las normas existentes para perseguir las prácticas abusivas y la venta a pérdidas, y a las comunidades autónomas, con competencias en materia de comercio, que se impliquen más a la hora de atender e investigar las denuncias que se hagan, así como en sus funciones de inspección.