Un total de 891,1 millones de euros es lo que perderá Andalucía hasta 2020 con la nueva Política Agrícola Común (PAC) respecto al anterior periodo 2007-2013. Así lo ha confirmado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, al Consejo de Gobierno, de acuerdo con las cuentas realizadas por su departamento. Y una vez cerrado el primer ejercicio de aplicación del nuevo marco, la pérdida anual asciende a 94,6 millones en ayudas directas, con un total previsto de 605,1 millones para 2014-2020, señalan desde la Junta de Andalucía.

A esta cantidad se suman los 286 millones en fondos de desarrollo rural que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recortó a Andalucía, única de las 17 comunidades autónomas a la que se le redujo este presupuesto (211 millones de fondos europeos y 75 de la cofinanciación estatal).

Desde el Gobierno regional indican que la rebaja en el capítulo de pagos directos se debe a dos medidas del Gobierno de España, que no venían impuestas por Bruselas. La primera de ellas consiste en aplicar un recorte del 8,64% en todos los derechos de pago único, lineal en lugar de progresivo, como defendía la Junta. Esto representa una pérdida total de 37,4 millones anuales, lo que suma 261,9 para todo el periodo 2014-2020. También supone el mismo porcentaje de recorte para todos, en lugar de reducir más a los que más cobran y exonerar a los que menos. La rebaja afecta además, por primera vez en la historia de la PAC, a los beneficiarios de menos de 5.000 euros, que en el caso de Andalucía suman más del 80% del total, unos 208.000 agricultores. Para ellos, la disminución se cifra en un 16% respecto a los importes recibidos durante el anterior marco de apoyo.

La segunda de las medidas ha sido la puesta en marcha en 2015 de un nuevo modelo de ayudas directas que incrementa el presupuesto de las denominadas “asociadas” (aquellas que permiten mantener la producción en cultivos con especiales dificultades) pero excluye a sectores andaluces de gran importancia social y económica en riesgo de abandono, como el olivar en pendiente, que cuenta con más de 400.000 hectáreas, y representa el 76% del total nacional. La reducción del montante del pago básico para incrementar el de estas ayudas asociadas ha ascendido a 57,2 millones de euros, lo que supondrá una pérdida total de 343,2 millones hasta 2020