La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha hecho balance de este 2016 que ahora acaba y considera que las cifras récord en el valor de la producción agraria en este año, que han alcanzado los 46.487 millones de euros, se ven empañadas por la caída generalizada de los precios, 3,2% menos en cultivos agrícolas y 4,6% menos en sectores ganaderos. Por sectores, destacan los descensos en plantas forrajeras (-11,9%), hortalizas (-10,9%), cereales (-10,9%), aceite de oliva (-5,1%) y plantas industriales (-3,7%).

Según la primera estimación de la renta agraria publicada por el Mapama, la Renta Agraria total en términos reales durante el año 2016 ha experimentado un ascenso del 4,3% respecto a 2015, un 5,1% en términos corrientes. Sin embargo, “es un dato engañoso porque el aumento es consecuencia directa de una mayor producción y no tanto por unos mejores precios percibidos por el agricultor”, ha subrayado Miguel Blanco, secretario general de COAG. En este sentido, destaca especialmente el aumento en la cantidad producida de aceite de oliva (69,9%), cereales (18,1%), plantas industriales (17,8%), plantas forrajeras (5,0%), hortalizas (1,9%), vino y mosto (0,3%).

Como datos positivos, destacan que por primera vez en la última década aumentan los activos agrarios (+1,6%) y desciende ligeramente (-3,4%) el precio de los principales insumos (semillas/plantas de vivero, energía, fertilizantes, fitosanitarios, alimentos para el ganado, gastos veterinarios, etc.).

De cara a las prioridades agrarias para 2017, desde COAG consideran que se ha conseguido uno de los principales objetivos de la Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta de los agricultores y ganaderos. De cara al creciente envejecimiento del sector agrario, la organización estima necesario priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes.

Asimismo ve necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos.

Además, desde COAG se propone mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.

Por su parte, el seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. En ese sentido, se reclama un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro.

Proceso de negociaciones de la nueva PAC 2020. El Ministerio de Agricultura debe trabajar en Bruselas por una nueva orientación de la Política Agraria Común más social y profesional, que acabe con “verdeos” de escaparate y priorice los apoyos a los verdaderos profesionales agrarios, que trabajan directamente en su explotación y generan desarrollo económico y bienestar social en el medio rural.

COAG también muestra su rechazo al Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EEUU (TTIP). Lo consideran una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad.