Agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha están pendientes en estos momentos del resultado de los controles del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) realizados por la Consejería de Agricultura sobre sus parcelas. Como consecuencia, podrían sufrir una reducción de la superficie disponible para su declaración de la PAC y, por lo tanto, la imposibilidad de cobrar la totalidad de sus pagos directos al no poder activar todos los derechos que tenían asignados.

Así, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha dirigido una carta a la directora General de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, solicitando la paralización de todos los expedientes en curso sobre este asunto, debido a los inmediatos cambios en la PAC para 2018 que se aprobarán antes de acabar el año y que afectan a la definición de pastos permanentes y, en consecuencia, al coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) de las parcelas.

Recientemente, se ha alcanzado acuerdo a nivel europeo sobre la definición de pastos permanentes, que incluiría nuevamente a miles de hectáreas de dehesas, pastos arbolados y otras superficies, que se aprovechan para el uso ganadero y que, sin embargo, con la definición vigente habrían quedado fuera mediante la aplicación de un CAP más severo.

De hecho, dicha definición se va a trasladar en breve al Real Decreto español de pagos directos, el 1075/2017, para ser aplicada ya a partir de la PAC 2018, tal y como consta en un borrador de modificaciones a los que Unión de Uniones ha tenido acceso.

Reducir el CAP de ciertas superficies en base a unos controles realizados con una definición que en semanas estará obsoleta es ocasionar perjuicios evitables a los agricultores y ganaderos, y por eso la organización ha solicitado que se paralicen dichos expedientes.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha recuerda, además, que el modo de aplicación del CAP ha originado a Castilla-La Mancha una multa por parte de Bruselas de 32,1 millones de euros, pendiente de los recursos presentados por la Junta. La organización se reitera, además, en que los cambios en el CAP, «que obedecen exclusivamente a la responsabilidad de las decisiones tomadas por las Administraciones,» no deberían haber ocasionado ningún inconveniente ni pérdida de derechos a los agricultores y ganaderos.

Así, la Junta tendría que haber procedido siempre a realizar una reasignación del importe de los derechos de los agricultores y ganaderos afectados para ajustar las ayudas a la nueva superficie derivada de reducciones del CAP de sus explotaciones y debería hacer un compromiso público de que, en cualquier caso, el pago de esa multa europea, no repercutirá en modo alguno sobre los pagos de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.