Oleo Digital.- La Coordinadora de Organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Jaén ha vuelto a recibir un “no” por respuesta a su solicitud para poder participar en el Consejo Económico Social (CES), a pesar de constar en su poder un informe en el que se reconoce que es una de las tres organizaciones agrarias más representantes de la provincia.

COAG-Jaén lamenta que, una vez más, la Diputación Provincial de Jaén vete la entrada a la Coordinadora en el Consejo Económico Social (CES) sin justificación alguna. Tras haber solicitado por enésima vez su participación en este órgano, el presidente de la Diputación, Felipe López, ha vuelto a denegar la participación de COAG-Jaén en el CES, cuando fue la única organización agraria que solicitó formalmente su inclusión cuando se estaba desarrollando el proceso de creación de este Consejo.

Como se recogen en los estatutos del CES, debe haber tres representantes del sector agrario. Hasta el momento, las que ostentan este puesto son Asaja, Udoe y UPA, cuando la Consejería de Agricultura y Pesca reconoce mediante un certificado que COAG-Jaén es una de las tres organizaciones agrarias más representativas de la provincia, junto a Asaja y UPA, participando tanto a nivel nacional, regional y provincial en las distintas mesas de trabajo que la Consejería tiene al objeto de analizar los distintos problemas.

Sin embargo, el presidente de la Diputación no ha tenido en cuenta este certificado a pesar de las continuas peticiones de COAG-Jaén, incurriendo así en un presunto delito de prevaricación al tomar una decisión a sabiendas de que es injusta. “No entendemos la actitud que ha adoptado esta Administración, ya que COAG-Jaén no pretende participar en el CES causando molestia alguna, sino que nuestra intención es aportar nuestros puntos de vista”, apunta el secretario general de COAG-Jaén, Rafael Civantos. “En pleno 2008, estamos asistiendo a una situación totalmente vergonzosa”, añade. Ante lo que considera un verdadero atropello, COAG-Jaén afirma que está estudiando el tema sin descartar tomar alguna acción legal por considerar la posición de la Diputación como “injustificable”.