El trabajo conjunto entre UPA Andalucía con la Consejería de Agricultura, para estudiar y definir la posición de Andalucía ante la nueva reforma de la PAC, se está llevando dentro de un momento decisivo donde por un lado el Brexit, con sus implicaciones presupuestarias, y por otro la posición cada vez más activa de aquellos que quieren darle una vuelta radical a la actual PAC debe llevarnos a definir perfectamente nuestra posición y trasladarla a todos los ámbitos.

La prioridad para el próximo año es poner las bases para la próxima revisión de la PAC, de tal forma que sea lo más favorable posible a los intereses de los pequeños y medianos agricultores y a las explotaciones familiares agrarias de Andalucía. Asimismo, reforzar una PAC que haga honor a sus siglas, que sea netamente agraria, donde tanto los objetivos como la financiación vaya destinada prioritariamente al sector agrario, y común, evitando renacionalizaciones que debiliten a la principal política común europea.

El sistema de ayudas que surja de esta reforma debe tener elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales, centrándose fundamentalmente en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y viven directamente y principalmente de la actividad agraria en explotaciones individuales o asociativas de cualquier tipo y que a su vez favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada, y nuevos agricultores. Por otro lado, los jóvenes y las mujeres deben ser considerados actores clave para el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural.

La organización considera que hay que promover instrumentos y prácticas basadas en los conocimientos agronómicos y ambientales disponibles, reconocidos científicamente, para lograr un sector agrícola más competitivo y rentable, que asegure al mismo tiempo el uso sostenible de los recursos naturales y contribuya a la fijación de la población en el medio rural. Las nuevas exigencias que se plantean no deben llevar a una pérdida de rentabilidad de las explotaciones.

UPA cree necesario articular mecanismos que favorezcan la agricultura familiar, como establecer techos de ayudas mucho más bajos de los aplicados en la actual PAC, con objeto de evitar repartos injustos en las ayudas y al mismo tiempo obtener fondos para otras medidas prioritarias, diferenciación o degresividad en las ayudas en función de la dimensión económica de la explotación agraria y se debe introducir el pago redistributivo, primando las primeras hectáreas, de forma que un 30% de presupuesto se distribuya entre los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, además de tener acceso al resto de pagos.

Consideran que la sencillez en unas normas y con estabilidad en el tiempo posibilitarán mayor competitividad, más eficacia en la gestión, así como una mejor comprensión por la sociedad en general de las aportaciones de la PAC y corregir así la desconexión existente con el sector agrario.