El año hidrológico 2022/2023 está teniendo un carácter globalmente seco en el conjunto de España: el 14,6% del territorio nacional está en emergencia por escasez de agua y el 27,4%, en alerta, debido a que la precipitación media global se sitúa un 17,1% por debajo del valor normal de referencia de los mismos meses del periodo de referencia 1991-2020, según datos del "Informe sobre la Gestión de la Sequía en 2023", presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),  al Consejo de Ministros.

Como consecuencia, la reserva en los embalses ha disminuido considerablemente en los últimos diez años. Los datos, a 12 de septiembre, muestran que los umbrales están especialmente bajos: la reserva hídrica española se encuentra al 37% con 20.734 hm3 acumulados, siendo las cuentas del Guadalquivir (19,1%) y las internas de Cataluña (23,3%) las que atraviesan una situación más grave. La DANA ha supuesto un alivio en algunas zonas, ha mejorado la humedad del suelo y ha servido para recuperar cierto volumen de almacenamiento, sin embargo, no ha solucionado los problemas existentes.

Inversiones en agua

La emergencia climática causa sequías cada vez más frecuentes e intensas y España está en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea. Esto requiere una respuesta robusta y eficaz por parte de las autoridades en la que la inversión pública se revela como pieza clave.

Consciente de esta necesidad, en el marco de los Planes Hidrológicos 2022-2027 el Ejecutivo prevén una inversión de 11.839 millones para impulsar la desalación y la reutilización, así como la eficiencia en el uso del recurso, a través de la mejora de las conducciones e infraestructuras de regulación. A esta dotación se suman, además, 3.060 millones del PERTE de digitalización del agua, que impulsa el uso de nuevas tecnologías y “big data” y supondrá un avance cualitativo en la gestión del agua y las sequías.

Los efectos de la sequía en el sector agrario 

Por lo que se refiere a los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería, los cultivos extensivos y los pastos son los sectores más perjudicados. El descenso en los rendimientos de oleaginosas (girasol y colza) se estima en un 30%. 

En algunos cultivos hortícolas la falta de agua ha producido una disminución de la superficie sembrada muy significativa. En el caso del tomate de industria, por ejemplo, en Andalucía apenas se han sembrado 1.700 hectáreas, cuando lo habitual está en torno a las 6.600 hectáreas.

En cuanto al olivar, se espera una campaña algo mejor que la anterior. La evolución de la situación climática en las próximas semanas será determinante para la nueva campaña del aceite que empieza el 1 de octubre.

Las perspectivas de producción de una de vinificación han mejorado algo tras las recientes lluvias. La escasez de precipitaciones desde los primeros meses del año con temperaturas más elevadas de lo habitual, además de los episodios de granizo, tormentas y heladas primaverales, o ataques de mildiu en algunas regiones, hacían prever una cosecha inferior a la del año pasado. El sector maneja un nivel de producción en el entorno de 36 millones de hectólitros de vino, frente a los 41 millones de la campaña pasada.

Medidas adoptadas por el Gobierno

En línea con su compromiso con el sector agrario y pesquero, el Gobierno ha arbitrado un paquete de medidas para ayudar a agricultores y ganaderos a afrontar las consecuencias de la sequía y las derivadas de la guerra en Ucrania. El Real Decreto-ley 4/2023 incluía ayudas directas por importe de 636,7 millones (355 millones para los sectores ganaderos cárnico y lechero; 276,7 millones para la agricultura, y 5 millones para la apicultura).

A este montante se suman los 81 millones asignados por la Comisión Europea del fondo de reserva de crisis, conseguidos a petición de España junto a Francia y Portugal y apoyado por el resto de Estados miembros. El MAPA ha activado los mecanismos para el pago de estas ayudas, que podrán efectuarse en octubre.

Este real decreto incluía también la ampliación en 40,8 millones de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios, que se sitúa ya en 358 millones.

Además, se amplió en 20 millones la dotación de la línea ICO-MAPA-SAECA para facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables a los sectores agrario y pesquero. Igualmente, se amplió en 3 millones la línea de ayuda a la financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

El decreto de sequía contemplaba también medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a las explotaciones agrarias que sufran en este ejercicio una pérdida del rendimiento bruto de al menos el 20%.