Oleo Digital.- El Parlamento Europeo somete hoy a votación la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Los jefes de Estado se encuentran reunidos desde ayer, 12 de marzo, en Estrasburgo para debatir sobre este tema. Aunque las líneas maestras de la norma están claramente definidas, los apartados de transparencia, desarrollo rural y medio ambiente no terminan de cuajar en el Plenario.

Tras más de 4.500 enmiendas al texto inicial de la Comisión Europea y un año y medio de negociaciones, los eurodiputados parecen estar de acuerdo respecto a los principios esenciales de la nueva PAC, aunque hay varios puntos de la reforma que provocan opiniones divergentes. Uno de las piedras angulares de la reforma es el “greening” o ecologización de las prácticas agrícolas, que apoyan todos los partidos. No obstante, los verdes exigían ayer más esfuerzos en este sentido. Consideran que la UE debería retomar la obligatoriedad de rotación de cultivos propuesta por el Ejecutivo comunitario para garantizar la fertilidad de los terrenos.

La comisión de Agricultura de la Eurocámara modificó este texto en enero, con la intención de flexibilizar los deberes a los agricultores en función del tamaño de la explotación. Así, decidió que las plantaciones de menos de 10 hectáreas queden exentas de esta obligación, que las que tengan entre 10 y 30 hectáreas solo deban mantener dos cultivos y que únicamente las de más 30 hectáreas estén obligadas a mantener tres plantaciones diferentes.

La mayoría de los partidos de la Eurocámara coincide en que es necesario establecer un techo a las ayudas que pueden percibir los agricultores. Sin embargo, los verdes han respaldado reducir el tope a los 100.000 euros anuales, frente al límite de 300.000 euros que aprobó la comisión de Agricultura en enero.

Otro de los puntos más controvertidos de la normativa es la transparencia en el sistema de concesión de ayudas. La comisión de Agricultura rechazó en enero una propuesta de la Comisión para hacer públicos los nombres y los municipios de los receptores de las ayudas directas y al desarrollo rural porque esto podría quebrantar los derechos de privacidad de los productores y, consecuentemente, el Tribunal de Justicia de la UE podría rechazar esta medida.