Oleo Digital.- Tras el acuerdo del Consejo de ministros de Agricultura alcanzado en Bruselas, UPA-Andalucía considera que el acuerdo supone un primer avance para que, sobre todo en la línea de que los cultivos permanentes, como el caso del olivar, entren de lleno en el pago verde, así como en la capacidad que los Estados miembros tendrán para poner en práctica criterios de corte en relación a las nuevas superficies con derecho a ayuda que entrarían en el sistema. Sin embargo, el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, considera que todavía hay un riesgo real de que la reforma de la PAC la acabe pagando el olivar de Andalucía y, sobre todo, de la provincia de Jaén, al producirse un trasvase de las ayudas históricamente conseguidas por unas elevadas producciones de aceite.

“El resultado de la reforma no puede significar que, en términos de ayuda, lo pague Andalucía y Jaén. Si entran más hectáreas al sistema y se va a subir la cuantía de ayudas a hectáreas que ya tienen derechos, pero se hace con el mismo presupuesto, eso significa que lo tendrán que pagar otros territorios. Por lo tanto, no podemos aceptar una reforma que en términos de presupuesto, realmente, obligue a pagar a unos territorios que han generado unos derechos por producciones de décadas”, ha valorado Agustín Rodríguez.

Asimismo, UPA-Andalucía recuerda que en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros “no se avanza absolutamente nada en mecanismos de regulación del mercado”. “El 70% de la renta de los agricultores proviene directamente de la venta del producto, por lo que vivimos del aceite, y si no buscamos fórmulas que reequilibren la cadena de valor para que se ajusten los precios, no habremos hecho nada. Es cierto que se han producido avances, pero sin resultados positivos para Andalucía ni para Jaén, que pagarían esta reforma vía presupuesto”, ha concretado Rodríguez.

Por su parte, Asaja asume algunas de las principales propuestas que había trasladado al ministerio de Agricultura y que permitirán minimizar el impacto de la mala propuesta inicial de reforma de la PAC. La limitación del número de hectáreas elegibles para el cobro de ayudas PAC, así como facilitar un proceso de convergencia interna que tenga en cuenta la realidad productiva de las explotaciones, la diversidad de nuestras producciones y la variedad territorial de España, constituyen las principales preocupaciones del sector agrario español, según Asaja ha puesto de manifiesto desde el comienzo del proceso de reforma de la PAC en 2010 hasta hoy.

Se trata, en palabras del presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, “de evitar situaciones injustas como autorizar el acceso a los pagos de la PAC de un número excesivo de hectáreas o de provocar agravios comparativos entre explotaciones, producciones y territorios, que solo podían deslegitimar la finalidad de estos pagos”. En este sentido “el acuerdo del Consejo, junto con el mandato otorgado por el PE, sitúa a España en mejores condiciones de negociación de lo que estábamos hace apenas un par de semanas”.