El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el respaldo de la gran mayoría de los grupos políticos del parlamento, lo que supone un fuerte impulso y avance hacia un nuevo modelo cooperativo en España.

Con esta nueva Ley, fruto del consenso y el diálogo con las cooperativas agroalimentarias de España, las organizaciones profesionales agrarias y las Comunidades Autónomas, se impulsa un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante. De esta forma, se contribuye a la sostenibilidad del sector agroalimentario y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural.

En España, el asociacionismo agrario en general, y las cooperativas en particular, contribuyen a la vertebración del territorio al dar continuidad a la actividad agraria, con lo que fomentan el empleo rural y el desarrollo económico y social de las zonas rurales. Nuestro país cuenta con cerca de 4.000 entidades y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012, dando empleo directo a cerca de 100.000 trabajadores.

No obstante, el sector se caracteriza por una elevada atomización, lo que provoca que las cooperativas no vean rentabilizados sus esfuerzos e inversiones. En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las 25 más grandes de la Unión Europea, lo que hace necesario impulsar reformas estructurales de calado para conseguir su redimensionamiento.

Para conseguir mayor competitividad, modernización e internacionalización, se hace imprescindible impulsar medidas que fomenten la concentración de la oferta en origen y que potencien la creación de grupos comercializadores de base cooperativa y dimensión supraautonómica, capaces de operar a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, en los mercados nacionales e internacionales.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España esta Ley es un mensaje político “extraordinariamente potente tanto para el sector agroalimentario como para el conjunto de las Administraciones públicas”.

A partir de ahora se deberán desarrollar las modalidades de aplicación en las Comunidades Autónomas y poner en marcha políticas que sean coherentes con el espíritu de la Ley, para lograr que tanto unos como otros concentren sus esfuerzos y apoyos para conseguir la integración cooperativa, la concentración de la oferta, mejorando la eficiencia en la comercialización y de este modo un reequilibrio de la cadena alimentaria y una mejor posición de los productores en el mercado con vistas a mejorar la rentabilidad de su actividad.