La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado este jueves, 16 de diciembre, con 20 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, el dictamen del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, que superó su primer trámite parlamentario, el debate de totalidad, el pasado 24 de junio. El texto aprobado incluye el informe de la ponencia y las enmiendas acordadas en Comisión.

A través de esta iniciativa se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, que revisa algunos artículos de la Directiva Marco de residuos, y las principales obligaciones de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, conocida como la Directiva sobre plásticos de un solo uso.

De igual forma, este nuevo texto normativo actualiza ciertos aspectos de la Ley de residuos y suelos contaminados del año 2011, como la delimitación de la responsabilidad del productor del residuo, la aplicación de los conceptos de subproducto y fin de la condición de residuo, la actualización del régimen sancionador y el refuerzo de la recogida separada.

Restricciones a los plásticos de un solo uso

Esta norma recoge, por primera vez en la legislación española, limitaciones a los plásticos de un solo uso. Así, se introducen medidas para la reducción del consumo de estos productos, que deberá ser en 2026 del 50 % en peso, con respecto a 2022; y en 2030, del 70 % en peso, con respecto a 2022. Están sujetos a esta reducción los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos. Para cumplir con estos objetivos, la ley establece que "todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico". Además, a partir del 1 de enero de 2023, se deberá cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico.

Esta norma también introduce el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, un tributo de naturaleza indirecta. Estarán sujetas a este gravamen la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de estos productos, a excepción de cuando se trate de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario. La base imponible del impuesto estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado presente en el envase, que se gravará con 0,45 euros por kilogramo.

De igual manera, la ley también prohíbe, a partir del 3 de julio de 2021, la introducción en el mercado de productos de plástico como bastoncillos de algodón, pajitas (con ciertas excepciones), cubiertos, platos, agitadores de bebidas, palitos destinados a sujetar globos, recipientes para alimentos y bebidas de poliestireno expandido, todos los productos de plástico oxodegradable y las microesferas de plástico de menos de 5 mm.

Como complemento a la normativa europea, esta ley también determina que, en relación con ciertos productos de plástico no compostable, como bandejas, artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico usados por el sector alimentario, los agentes comercializadores deberán impulsar su sustitución por alternativas reutilizables y otros materiales tales como plástico compostable, madera, papel o cartón.

Prevención en la generación de residuos

Este proyecto de ley marca un calendario de prevención de residuos, según el cual se deberá reducir el peso de los residuos producidos en un 13 % para 2025 y en un 15 % para 2030, respecto a los generados en 2010. Para ello, el texto encomienda a las autoridades competentes la adopción de medidas para prevenir la generación de residuos, como el fomento de productos que sean eficientes, duraderos y reparables; fomento de la reutilización de los productos y componentes de producto; reducción de la generación de residuos en la producción industrial y alimentaria; reducción del contenido de sustancias peligrosas; freno a la generación de basura dispersa en el medio marino; y apoyo campañas informativas de sensibilización sobre la prevención de residuos, entre otras medidas.

Recogida separada de residuos y reciclaje

Por otra parte, el artículo 25 de este proyecto de ley prevé la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos, para biorresiduos domésticos, antes del 31 de diciembre de 2021 para las entidades locales con más de 5.000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto de municipios. De igual manera, se deberá implementar, antes del 31 de diciembre de 2024 la recogida de residuos textiles, de aceites de cocina usados, de residuos domésticos peligrosos y de residuos voluminosos.