Oleo Digital.-La reforma de la PAC enfila la recta final, al menos en el ámbito europeo, por lo que desde Asaja han incrementado los contactos que han venido manteniendo desde que en 2010 se conocieran las primeras filtraciones oficiosas de la propuesta de reforma.

Desde la organización agraria consideran que es en este momento, cuando se inicia la negociación trilateral entre la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo, “cuando debemos incrementar la presión para que se consoliden aquellas mejoras aprobadas por el Consejo y por el Parlamento y que permitirán amortiguar el daño de la mala propuesta inicial planteada por la Comisión”.

En esta línea se enmarca el encuentro que Asaja-Andalucía celebra hoy en el Parlamento de Andalucía con el consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, y con la europarlamentaria del Grupo Socialista y miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Iratxe García.

Así indican que, en primer lugar, “debemos consolidar todas las mejoras logradas tras el paso de la propuesta de reforma por el PE y por el Consejo de Ministros, pero tenemos que ir aún más allá”, y añaden que “debemos abogar para que los parámetros que ha propuesto la CE para implantar la regionalización de las ayudas sean complementarios y no excluyentes, con lo que se pueden ajustar más las ayudas a la realidad productiva de cada comarca, evitando así que se produzcan desequilibrios de consecuencias irreversibles”.

De cara a esta recta final negociadora Asaja-Andalucía trasladará a Iratxe García aquellos temas de importancia para nuestro país “que deben ser mejorados” en la negociación trilateral, entre ellos, señalan la prórroga del régimen de azúcar hasta 2020, la ampliación de la lista de las producciones que podrán acogerse a las ayudas asociadas, y que debe incluir también a la aceituna de mesa y al algodón, la actualización de los precios de referencia desencadenantes de los mecanismos de intervención públicos y privados, o la máxima flexibilidad en la aplicación del “greening”, adaptándolo a la realidad productiva española y desvinculando las posibles sanciones que pudieran derivarse de su aplicación del pago base.