El Tribunal de Justicia de la UE ha respondido a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo sobre la legalidad de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales (IGEC) de Asturias, Aragón y Cataluña. La Corte de Luxemburgo considera que “son compatibles con el Derecho la UE”. Esta decisión era previsible, ya que en noviembre la Abogada General de la UE emitió un informe favorable al IGEC.

Tras el pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo, Anged considera que el IGEC "puede ser legal desde el punto de vista jurídico y, sin embargo, tener unos efectos extraordinariamente negativos sobre la competitividad y el empleo de las empresas afectadas. Principalmente, porque grava en exclusiva a las compañías con grandes establecimientos comerciales, perjudicando gravemente su competitividad respecto de otros operadores, formatos y modelos comerciales. En especial, frente a las plataformas digitales, que no están sujetas a las mismas barreras operativas, restricciones e impuestos que, como el IGEC, erosionan el negocio de las empresas. En definitiva, el IGEC penaliza gravemente a una parte de las tiendas físicas, el empleo y la generación de riqueza que proporcionan allí donde se establecen".

Precisamente en esta misma línea, hace sólo una semana, la Comisión Europea pidió reducir las barreras operativas y comerciales en España, que ya es el segundo país más restrictivo de la UE. Sobre el IGEC, Bruselas cuestionó su proporcionalidad y justificación medio ambiental, advirtiendo de que “la existencia de impuestos específicos basados en el tamaño que solo se aplican a las tiendas físicas, puede suponer para estas una desventaja competitiva en comparación con los comercios online y otras empresas”.

Desde Anged solicitan a las comunidades autónomas reconsiderar la necesidad de mantener este tipo de figuras impositivas. "Tributos como el IGEC no sólo son anacrónicos, si no que distorsionan gravemente la oferta comercial, penalizan la capacidad de crecimiento de las empresas, drenando recursos a la inversión y la generación de empleo", señalan desde la patronal.

Los impuestos sobre los grandes establecimientos comerciales nacieron en España en el año 2000. Casi dos décadas después, los hábitos de consumo y el entorno comercial sobre el que fueron creados se ha transformado radicalmente. Por ello, Anged señala que "nuestras empresas están inmersas en un proceso profundo de transformación digital, que afecta a todo su modelo de negocio y está requiriendo fuertes inversiones. Mientras compiten con grandes ecosistemas digitales globales que, sin una tienda física, venden las 24 horas del día productos a cualquier país de Europa".

Desde Anged insististen en que "la hiperregulación, la ruptura de la unidad de mercado, las restricciones operativas al ejercicio del comercio y la fiscalidad que hoy padecen sólo una parte de las empresas del sector son incompatibles con la competitividad de las empresas en el entorno digital en el que operan. El comercio en España requiere de un marco normativo moderno, que afronte los cambios de la transformación digital y permita a todos los operadores, independientemente de su tamaño, canal o modelo de negocio competir con la misma libertad de empresa".