Mercado

La distribución alimentaria rechaza la propuesta de una cesta de la compra a precios fijos

Las organizaciones recuerdan que los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido extraordinariamente estables
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​Las asociaciones que representan a la​ distribución alimentaria en España consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados./Foto: 123rf

Las asociaciones que representan a la distribución alimentaria en España consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados por diferentes motivos, a la propuesta realizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz hace unos días.

Desde ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), han recordado que la propia dinámica competitiva del sector ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores. De hecho, todas las cadenas de distribución llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos.

Frente a escaladas de precios de hasta 3 dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación. De acuerdo con los últimos datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%.

Razones para rechazar la propuesta

Los motivos que las asociaciones aducen para rechazar la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados son varios. En primer lugar, el diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena (IPOD) que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena.

En segundo lugar, la ineficacia del acuerdo propuesto, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración– hace que el pacto requiera de acuerdo con cientos de empresas. El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia.

Y en tercer lugar, las experiencias fallidas en otros países. Los acuerdos firmados por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas.

Las organizaciones recuerdan que los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido extraordinariamente estables, con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012. En la actualidad, las causas del alza del IPC en alimentación son objetivas: alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas –agravado por la guerra de Ucrania-.

Acciones para la contendio del IPC alimentario

Asimismo, se han propuesto varias acciones que ayudarían a la contención del IPC alimentario y que consideran actualmente, más necesarias que nunca. Entre ellas proponen, la bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.

El disponer de un precio de la energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas cómo se está haciendo en otros sectores.

La distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores. Por lo tanto, no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación.

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