La Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ampliará sus funciones hasta convertirse en un organismo de control que dé respuesta a las posibilidades que crea la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Así lo explicaba el director general de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, en su intervención en el foro organizado por La Voz de Galicia para analizar esta norma, cuya aprobación está prevista para los días 18 y 19 de julio en el Congreso de los Diputados, después de su debate en el Senado una semana antes.

Burgaz ha explicado que la ley establece un sistema de control, mediante la definición de prácticas abusivas que serán objeto de sanción, y otro de autocontrol, mediante códigos de buenas prácticas. También se ha referido al mecanismo de resolución de conflictos, a través de la disposición de un servicio de arbitraje y mediación para los casos en que no haya acuerdo entre los operadores.

En lo que se refiere al régimen sancionador, el director general ha llamado la atención sobre el carácter "progresivo" del mismo, puesto que las multas aumentarán si la práctica abusiva es reiterada y, en la misma línea, cada "mala práctica" será sancionada en su materialización "con cada proveedor".

Las denuncias podrán ser interpuestas ante las autoridades competentes por los propios afectados o de oficio, por una agencia de control que será la del aceite de oliva, que asumirá ahora "un amplio catálogo de actividades" de seguimiento, análisis, estudio y propuesta de sanción en todo el sector primario.

El observatorio de precios del Ministerio de Agricultura también se hará cargo de nuevos cometidos en su transformación en el observatorio de la cadena alimentaria, según ha avanzado el alto cargo. De esta forma, elaborará una memoria anual que será remitida al Parlamento con el objeto de evaluar "si se están cumpliendo" los fines para los que se crea la ley. Burgaz ha opinado que la figura del mediador puede ser "una buena solución" para imprimir "claridad" al proceso de firma de contratos homologados.

Al respecto, y tras recalcar que la Comisión Nacional de la Competencia "delimitó claramente" las cuestiones "que se pueden hacer" en el apartado de los precios de venta de los productos primarios, ha apostado por seguir trabajando e "incorporar aspectos adicionales" en los códigos de buenas prácticas.