Los datos del Instituto Nazionale di Statistica (Istat) sitúan a Estados Unidos como el principal mercado exterior del aceite de oliva italiano, con unos niveles de exportación que suponen casi el 30% del total facturado. De hecho, el país norteamericano es el segundo mayor importador mundial de aceite de oliva (solo lo supera la propia italia). Cada año importa cerca de 324.000 toneladas y eso se debe al consumo creciente que se está registrando en el país, que ha pasado de 287.000 toneladas en 2012 a 306.000 en 2018.

Es por ello que hay tanta preocupación, desde Italia y desde el resto de países ofertantes de aceite de oliva, alrededor de las medidas que el presidente Trump pretende tomar en el ámbito económico y legislativo. Lo explica David Granieri, presidente de Unaprol, el Consorcio olivícola italiano “Si Trump cumple con lo que amenaza será un duro golpe para un sector que ya está en crisis” refiriéndose al aceite de oliva italiano, que ha tenido un descenso de la producción del 59,2% en el último año debido a las condiciones climáticas y a los brotes de Xylella; “Las nuevas medidas favorecerán la falsificación y abrirán el camino a países fuera de la Unión Europea con productos menos controlados y de menor calidad. Una medida de este tipo no es solo anacrónica, sino que es pradójico que provenga de los Estados Unidos, que hace solo 5 meses celebraron el aceite de olva virgen extra promoviéndolo como un medicamento que previene ataques cardíacos y otras enfermedades del corazón”.

Efectivamente, la FDA, agencia gubernamental estadounidense responsable de la regulación de los alimentos, invitó a indicar en el envase de los aceites que contienen al menos un 70% de ácido oleico que su consumo aporta beneficios cardiovasculares en comparación con los efectos dañinos de las grasas saturadas. "Trump, en la práctica, va en contra de la Agencia de Alimentos y Medicamentos", indica Granieri, quien añade que van a pelear "no solo contra el fraude, la falsificación y la especulación, sino también contra los ataques que adoptan políticas fiscales punitivas o sistemas de etiquetado engañosos que penalizan a los consumidores".