El debate sobre la regulación del Nutri-Score en España se ha centrado fundamentalmente en su efecto negativo sobre determinados productos, especialmente algunos de la dieta mediterránea, pero hay otras implicaciones político-administrativas, quizá más importantes, que están pasando desapercibidas. Se trata de que todos los elementos del sistema (logo, algoritmo de cálculo, autorización, etc.) están registrados, es decir, protegidos, por las autoridades francesas y, en consecuencia, las empresas de cualquier país deben solicitar una autorización para su uso y cumplir los requisitos exigidos para ello. Esto significa que toda la industria alimentaria española será dependiente de Francia y de las normativas de aplicación que ellos decidan, incluido el cálculo que ha sido desarrollado para alimentos franceses.

El Ministerio de Sanidad de Francia ha creado un Steering committee (para promover la implantación en Europa del Nutri-Score, pero al que apenas le dan opciones de decidir) y un Scientific Committee (al que le limitan bastante las opciones de modificación), para justificar su internacionalización, pero se han cuidado muy mucho de seguir manteniendo el control del sistema. En otras palabras, van a dominar la manera de etiquetar los alimentos de todos los países que lo acepten. Puede interpretarse como una manera de mantener una especie de control alimentario. Para un sector tan importante para España como el de la agroalimentación, dejar parte de su etiquetado en manos extranjeras puede representar una grave dejación.

Da la impresión de que el Ministerio de Consumo no ha sopesado bien las posibles repercusiones y tampoco parece haberlo hecho la industria de alimentación y bebidas española. En un mundo cada vez más global, cabe preguntarse qué puede haber detrás de todo ello cuando tanto empeño están poniendo en su promoción y expansión, y solo permiten a los demás una participación prácticamente testimonial.

Como representante de la industria española de aceituna de mesa, debo afirmar que no parece serio que parte de la información nutricional de la aceituna deba depender de las autoridades francesas, que, además, impondrán las condiciones de uso. Ello se pone claramente de manifiesto cuando se leen dichas condiciones y se ve el grado de dependencia que puede acarrear su uso. Tal vez, sería conveniente realizar un estudio de este tipo de cuestiones legales que pueda aportar más luz sobre el asunto para poder tener más claras las consecuencias.