La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, Anierac, y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, Asoliva han decidido recomendar a sus empresas asociadas una mayor exigencia a sus proveedores en el momento de la compra de los aceites de oliva virgen y virgen extra. Su objetivo es aportar mayor información ante la “inseguridad jurídica” a la que se enfrentan las envasadoras y exportadoras por el método del “panel test”.

Según señalan ambas asociaciones, este sistema de calificación y la creciente presión por parte de la Administración está provocando gran preocupación e indefensión para los envasadores y exportadores por la “subjetividad” del método. En uno de cada cuatro lotes de aceite analizados se han encontrado discrepancias en las valoraciones por parte de los paneles oficiales de cata, según un estudio realizado por estas asociaciones.

Por ello aconsejan a las empresas asociadas que soliciten a sus proveedores un certificado acreditando la calidad de los aceites que compran. Este documento deberá recoger que las partidas se han sometido a una valoración fisicoquímica y organoléptica por medio de un laboratorio y un panel de cata, preferentemente autorizados, como exige la normativa comunitaria, con la calificación obtenida del aceite vendido y facturado. Además, el documento tendrá una antigüedad no superior a tres meses (90 días).

Anierac y Asoliva quieren resaltan que “es responsabilidad de los envasadores garantizar ante los consumidores que el producto que se envasa y se comercializa corresponde con las características que aparecen en el etiquetado”. Por ello, entienden que es preciso que el envasador exija a sus proveedores la información que avale la calidad del aceite para asegurar que el producto que ha adquirido responde a esas características y poder acreditarlo.

Estos consejos o buenas prácticas para sus socios son, además, una forma de asegurar la trazabilidad en todas las etapas de la cadena, cumpliendo la Ley de seguridad alimentaria y nutrición.

Ambas asociaciones también hacen hincapié en la excesiva responsabilidad que recae sobre envasadores y exportadores, y -citando los principios rectores de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria-, exigen que las relaciones comerciales se rijan por los principios de equilibrio y equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, entre otros. Envasadores y exportadores intentan sensibilizar a las Administraciones Públicas ante la “inseguridad jurídica” de este método.