AMDPress.- La Plataforma “Un futuro para el Olivar Tradicional” manifestó en el día de ayer su perplejidad ante las declaraciones del responsable de la Federación Andaluza de Cooperativas (FAECA), Antonio Luque, quien ha tildado de “auténtico disparate”, el conceder ayudas al olivar tradicional y de bajo rendimiento y ha calificado a estas plantaciones como “una producción abandonada que no se cultiva”. La Plataforma recuerda que la mayoría de los olivares españoles y una buena parte de los andaluces pueden considerarse de cultivo tradicional y defiende la profesionalidad de los olivicultores que los gestionan. Según los datos que maneja la Plataforma sobre el olivar tradicional, hay más de 400.000 olivareros en España (los andaluces se aproximan a los 100.000) a los que –según Luque- sería un “absoluto disparate” apoyar con ayudas y más de 1 millón de hectáreas de olivar (entre ellas al menos el 35% de la superficie andaluza) que serían -según Luque- “producciones abandonadas que no se cultivan”. Afirmación está última que no se sostiene por el simple hecho de que alrededor de más 1.200 almazaras privadas y cooperativas se hayan instaladas en comarcas olivareras de bajos rendimientos, muchas de ellas dentro del territorio andaluz. Prácticamente se puede decir que unas tres cuartas partes del olivar español podrían responder a la categoría de olivar tradicional o de bajo rendimiento. La Plataforma lo que si considera un “absoluto disparate” es que los 2.000 titulares de España con olivares más productivos y con mayores ingresos (y en consecuencia con menor necesidad de apoyo público) reciban ayudas superiores a los 3.000 euros anuales por hectárea; mientras otros con una rentabilidad más desfavorecida perciban cantidades por debajo de los 150 Euros por hectárea. La Plataforma considera un error centrar el debate en polémicas regionalistas y se reafirma en la necesidad de que la Reforma de la OCM corrija ese tipo de desequilibrios en las ayudas y que garantice una ayuda mínima de 300 Euros por hectárea al olivar tradicional y de bajo rendimiento de toda España para garantizar su mantenimiento y su contribución al empleo, a la fijación de población en el medio rural y la adecuada gestión del territorio.