Oleo Digital.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presidía ayer, martes 24 de julio, la primera reunión del Comité Asesor Agrario a la que asistieron los responsables de las principales asociaciones agrarias: COAG, UPA y Asaja.

En ella Arias Cañete presentaba una de las leyes más importantes para el sector agrario español, la Ley de la Cadena Alimentaria, de la que el ministro aplazó la entrega de su borrador hasta septiembre, pero anunció que es una ley ambiciosa, que va a plantear contratos obligatorios con precio para todos los productos y que pretende llevar al Consejo de Ministros el día 28 de septiembre.

Además, Arias Cañete, también abordaba las líneas generales de la Ley de Concentración de la Oferta, anunciando que se va a crear un registro nacional de entidades asociativas y que estas serán preferentes a la hora de recibir apoyos e incentivos para mejorar la comercialización de sus productos. Pretende llevar esta ley el 14 de septiembre al Consejo de Ministros para iniciar trámite y con anterioridad consultará al sector.

Desde UPA-Andalucía, su secretario general, Agustín Rodríguez, recuerda que la venta a pérdidas se produce especialmente en producciones como la leche y el aceite de oliva, haciendo que la gran distribución venda al consumidor por debajo de los precios de producción, mientras que la venta a resultas se produce, habitualmente, en el sector de las frutas y hortalizas y consiste en que el agricultor entrega el producto sin saber a cuánto te lo van a liquidar y, ni siquiera, si lo vas a cobrar.

Además, Rodríguez insiste en que la Ley de la Cadena Alimentaria es una “reivindicación histórica de UPA que ya se tendría que haber desarrollado para frenar los abusos de la gran distribución, que, en el caso del aceite, por ejemplo, continúa imponiendo precios muy bajos y haciendo una política absolutamente de desprestigio con ofertas permanentes”.

Por su parte, desde COAG, su secretario general, Miguel Blanco, ha reclamado al ministro celeridad a la hora de tramitar la futura Ley de mejora de la cadena agroalimentaria para acabar con la indefensión de los agricultores y ganaderos ante las prácticas comerciales abusivas de las grandes cadenas de distribución.

Blanco también ha pedido a Arias Cañete que la nueva Ley “refuerce la capacidad de negociación de los productores, (hoy marginados como el eslabón más débil de la cadena), modificando la actual regulación en materia de competencia”. En este sentido, se pedirá mayores competencias para las organizaciones interprofesionales para que en el seno de las mismas se puedan negociar contratos de compra-venta y elaborar índices de costes y de precios de referencia. Además, y para garantizar el cumplimiento efectivo de la nueva normativa, será imprescindible la creación de una órgano de control independiente y estatal que controle, vigile y sancione las prácticas comerciales abusivas.